La evolución de las tecnologías ha permitido desarrollar elementos de medición de las características biométricas del ser humano, con una precisión tal, que permite la identificación infalsificable e inviolable de cada individuo.Estos mecanismos de medición tienen múltiples usos, como por ejemplo en los sitemas de control de presencia en las empresas, o en el control de accesos para determinar zonas de seguridad o con restricción de paso.
Los antiguos sistemas de control de presencia o de acceso basados en tarjetas identificacivas, empiezan a quedar ya relegados a usos secundarios, donde la seguridad en la identificación no es una necesidad ni tiene trascendencia alguna, puesto que la identificación biométrica a través de la huella dactilar supera, se mire por donde se mire, todas las posibilidades de control que ofrecían los sistemas de tarjetas identificativas.
No obstante, aún queda por comprobar hasta qué punto se adaptan las legislaciones de cada país, dado que las mediciones biométricas sólo son posibles, si el individuo a identificar se presta a que sus datos biométricos queden en manos de la empresa que les ha contratado, y queda claro que por ahora, el individuo puede reservarse el derecho a no facilitar estos datos.
La paradoja está servida, ya que hablamos de los derechos del individuos, pero también del hecho de que una empresa puede decidir no contratar a quienes no se presten a facilitar sus datos biométricos, y todo esto tiene una, cuando menos, complicada conciliación que conforme a todas las partes.
A pesar de todo ello, qué duda cabe de que la tecnología sigue avanzando por delante de las legislaciones, que suelen ir retrasadas en casos como este, que conciernen a la protección de los derechos de informaciones más o menos privadas del individuo. Pero lo cierto es que ciertos datos, como por ejemplo la huella dactilar, ya se utilizan desde hace décadas atrás por parte de la mayoría de los estados para la identificación de cada ciudadano, lo que hace prever que no quedan muchos argumentos para que estos datos obren también en manos de empresas particulares, tal y como ocurre en países como Estados Unidos, donde prima más el aspecto de seguridad nacional, que el aspecto de protección de libertades y privacidades de cada persona.
